Por el canon penitenciario

Hace menos de un mes, el Ministro de Justicia anunció la inminente construcción de un nuevo penal en los distritos de Ancón o Carabayllo, debido a que cuentan con el espacio suficiente y porque Lima está creciendo, además del hecho de que Lima Norte cuenta con una Corte Superior. Interesante que el ministro haya manifestado que algunos alcaldes están entusiasmados con la idea. ¿Será bueno tener un penal en el distrito? Si es así, por qué no lo colocan en La Molina o Surco, donde también hay amplias extensiones de terreno que se pueden utilizar?

La respuesta es obvia: los centros penitenciarios generan impactos medioambientales negativos. Normalmente se piensa que el impacto ambiental se da solamente en forma de contaminación de los ríos o en la presencia de chimeneas. Pero el concepto moderno de impacto ambiental es mucho más profundo. La presencia de un penal automáticamente echa a perder el valor de los predios circundantes. En adición, genera estímulos a actividades comerciales como las cantinas, la prostitución y hasta la venta de drogas.

Esto ya viene ocurriendo desde hace varios años con el Penal Piedras Gordas en Ancón. Mientras el Gobierno Central invierte millones de soles en la construcción del penal, que ahora se está ampliando, los pobladores que habitan mucho antes al frente del centro penitenciario padecen ahora la presencia de chinganas y de personas de dudosa procedencia que alteran la ya precaria tranquilidad de esa zona. En adición, esas personas viven en condiciones de intensa pobreza, sobre terrales donde los niños se ven obligados a trasladarse y jugar. Sin áreas verdes ni adecuados lugares para la recreación. Pobladores muchos de ellos sin servicios de agua y desague y sin un servicio de seguridad ciudadana que les proteja de las personas que ahora pululan por la zona.

¿Qué habría pasado si en vez de que el estado colocara a Piedras Gordas, una minera privada hubiera puesto una mina de cobre. Inmediatamente se habría apelado a la tan mentada “responsabilidad social” para hacer que la empresa privada cumpla “sus obligaciones” con el pueblo, en la forma de un pago por el derecho de implementar su proyecto que generaba impactos en el medioambiente. Pero ¿hay alguna diferencia si el agente contaminante es una empresa privada o el estado? Ninguna. El poblador se impacta negativamente en ambos casos. Sin embargo, los que defienden presuntamente los intereses del pueblo y se lanzan contra una minera privada, callan en todas las lenguas cuando se trata de reclamarle al mismísimo aparato estatal, que cumpla con su responsabilidad social.

Si alguna entidad debe empezar por cumplir su responsabilidad con los miembros de la sociedad, es el propio estado. Y dentro del estado, los primerísimos deben ser los que tienen el mandato de implementar la justicia y la ley, como es el caso del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario.

En caso se vea que es preciso instalar penales en distritos de Lima Norte, existe una solución que se aplica al caso de la explotación minera y que responde al criterio económico de compensación de externalidades negativas. Esa solución consiste en instaurar un canon penitenciario, que similar al canon minero, comprometa pagos por derecho de explotación de una infraestructura pública, fruto de lo cual, se genere un fondeo para ser utilizado por los gobiernos locales y con alta preferencia en inversiones en las zonas directamente afectadas. De esa manera se generarían recursos perfectamente justificables para que alicaídos municipios como Ancón, Carabaillo u otros puedan mejorar la gestión con obras de impacto en la mejora de vida de sus habitantes, compensándolos por los daños percibidos debido a la presencia de las cárceles..

Naturalmente, todo esto involucra una lucha política y que los alcaldes se pongan a la altura de las circunstancias. No me imagino a los alcaldes de Surco o La Molina peleándose porque coloquen un penal en sus jurisdicciones. Pero no veo a los alcaldes de Ancón o Carabayllo levantando su voz de protesta. Si representan los intereses de su población y son responsables del desarrollo humano de sus comunidades, parece que miran al techo y se hacen los desentendidos para no confrontar al poder del Gobierno Central.

¿Será que las autoridades piensan que lo que es malo para los habitantes de los distritos de la Lima Tradicional, puede ser bueno para los pobladores de los Conos? ¿Tenemos un país de ciudadanías diferenciadas mientras se pregona la igualdad ante la ley en el discurso oficial? ¿Medimos con distinta vara al poblador rico con respecto al poblador pobre, y al emprendimiento estatal con respecto al emprendimiento público? Hasta no equilibrar la cancha y que todos seamos iguales ante la ley, difícil será apuntar a construir la sociedad abierta, con orden, progreso, seguridad y libertad a la que aspiran los peruanos.

Eugenio D'Medina Lora
Lima, 21 de febrero de 2010



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